La iniciativa de la declaración nace como respuesta un desafío común de muchas ciudades de la región. Por su rápida expansión las ciudades de América Latina y el Caribe traen consigo desafíos ambientales, económicos y sociales que requieren un replanteamiento del modelo económico. La Declaración busca establecer objetivos claros y medibles en la transición hacia una economía circular de la mano con un marco regulatorio adecuado que permita la inclusión de principios de circularidad en la planificación urbana, la infraestructura y los procedimientos de gestión de activos. La declaración es liderada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En la actualidad, ocho ciudades se han adherido a la declaración: Santiago de Chile (Chile), Quillota (Chile), Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colombia), Cudirrabat (Costa Rica), Ciudad de México (México), Municipio de Mejía (Provincia de Pichincha, Ecuador). Al ser un compromiso voluntario, está abierto a la adhesión de nuevos miembros que colaboren con el logro de objetivos globales y entre las ciudades.

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